Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Propiedad Intelectual, el director general de Electronic Arts (EA) España, la mayor empresa de software de entretenimiento del mundo, Rafael Martínez Avial, indicó que “el número de descargas ilegales por Internet se ha “duplicado” en el último año y advirtió de que, de no cambiar la legislación en este área, tanto el sector de las películas en DVD como el de los videojuegos están ante “una amenaza inminente”, que puede acabar con algunas empresas, como ya ha ocurrido con Blockbuster.

En un año en el que, siguiendo la tendencia de 2004, han ido aumentando los anchos de banda ofrecidos por las compañías que ofrecen conexiones a Internet, así como su alcance a más hogares, el volumen de información descargada también ha aumentado. Así, Martínez indicó que “las películas en DVD están teniendo unos retrocesos en el mercado del 40 por ciento en términos de valor”, con lo que alrededor “del 60 por ciento del volumen del mercado de los videojuegos es ya piratería”. De esta forma, añadió que aunque este año se ha reducido el número de “manteros”, “el número de descargas ilegales por Internet ha pasado de 20 millones el año pasado a 40 millones este año”.

Con este panorama, para los afectados la solución pasa por llevar a la práctica dos medidas concretas: cambiar la legislación actual de protección de la propiedad intelectual, ya que por el momento las descargas que Martínez denomina “ilegales” no lo son porque están consideradas libre intercambio de obras entre usuarios sin ánimo de lucro; también proponen llegar a acuerdos con los prestadores de servicios en Internet como Terra o Telefónica, los cuales -señaló- no ofrecen su apoyo.

“Hasta que el Gobierno no empiece a hacer campañas de concienciación social masivas y se lleguen a acuerdos con los prestadores de servicios de Internet para que bloqueen las bajadas de contenidos ilegales, no vamos a triunfar en esta batalla”, apuntó.

Por otro lado, en la actualidad los prestadores de servicios no están obligados a facilitar la identidad de los que hacen descargas “ilegales” de Internet, a menos que lo ordene un juez. “No contamos con el apoyo de los prestadores de servicios. Si los tuviéramos, coger a los infractores sería una cosa absolutamente sencilla”, afirmó.

NO SE PUEDEN REDUCIR LOS PRECIOS

Los usuarios lo tienen claro, se intercambia información de la red ante los altos precios de los productos culturales, tanto juegos -que suelen rondar los 50 y los 60 euros-, como películas -20 euros-, como discos musicales -15 euros-. En este sentido, Martínez aseguró, hablando desde el punto de vista del sector de los videojuegos, que no es posible una bajada en los precios por la coyuntura del mercado en el que se invierte en varios proyectos de los que muy pocos triunfan.

“Hay muy pocos productos que tengan una cuenta de resultado positivo” y, entonces, aunque -admitió el representante de Electronic Arts- “se gana bastante con el producto que sale adelante, el que lo hace es un porcentaje mínimo de los lanzamientos que hacemos. De cada 100 lanzamientos, sólo 10 triunfan y los otros 90 dan resultados negativos”, explicó. “Hoy día todavía hay gente que piensa que bajarte algún contenido por Internet no es delito”, se quejó Martínez, quien lamentó que la “gente no se dé cuenta de que disfrutan de productos que han costado mucho dinero y muchos esfuerzos a mucha gente”.

A pesar de la piratería, que le cuesta al sector millones de euros, el consumo de la industria española de videojuegos ha continuado su tendencia de crecimiento en España en los últimos años, con unos beneficios de 863 millones de euros en 2005, lo que supone un 16 por ciento más que el año anterior. De esta forma, el sector se sitúa, por segundo año consecutivo, por delante de otros entretenimiento como el cine, el vídeo o la música grabada, según ha dado a conocer la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe). En concreto, los videojuegos protagonizan el 35% del total del consumo de ocio audiovisual.

El grupo informático estadounidense Microsoft obtuvo un beneficio de 2.980 millones de dólares (2.400 millones de euros) en el tercer trimestre de su año fiscal, un 16% más que en el mismo periodo de 2005, animado por la fuerte demanda de sus nuevos productos, anunció la compañía.

“Estamos satisfechos con el continuado crecimiento de los ingresos durante el año fiscal, animado por la fuerte demanda de nuevas ofertas a los consumidores”, explicó el director financiero de la compañía, Chris Liddell.

En concreto, las divisiones de hogar y entretenimiento, soluciones de negocio y, en tercer lugar, herramientas informáticas registraron un fuerte aumento de la demanda. En el primer caso, la Xbox 360 provocó un aumento del 80% de los ingresos, frente al 21% de soluciones de negocio. La división Server and Tools mejoró a un ritmo del 30%.

Para el próximo trimestre, Microsoft espera ingresar entre 11.500 y 11.700 millones de dólares (9.270 y 9.430 millones de euros), mientras que para el conjunto del año prevé alcanzar una facturación de entre 49.500 y 50.500 millones de dólares (39.900 y 40.725 millones de euros).

En el aún confuso mundo legislativo y administrativo que regula el uso de las nuevas tecnologías, una sentencia vino ayer a marcar un nuevo pilar en el uso de Internet durante las horas de trabajo. El juez John Spooner revirtió el despido de un empleado del Ayuntamiento de Nueva York y ajustó su castigo a una simple reprimenda. «Internet se ha convertido en el equivalente moderno al teléfono o los diarios, al proveer una combinación de información y comunicación que la mayoría de los empleados utilizan con tanta frecuencia en su vida privada como en el trabajo», argumentó.

Un búsqueda exahustiva en el disco duro del empleado en cuestión demostró que visitaba frecuentemente las páginas web de CNN y el buscador de noticias de Google, en temas que no estaban relacionados con su trabajo. De ahí la leve amonestación aconsejada por el juez.

El demandante, Toquir Choudhri, consideró justa esta decisión, pero no así el alcalde Michael Bloomberg, que le había sorprendido haciendo solitarios en el ordenador en la oficina. «¿Para qué cree que se le ha contratado?», explotó Bloomberg cuando se le preguntó por la sentencia. «Los ciudadanos pagan su sueldo con sus impuestos. ¿No es razonable esperar que trabaje?». Choudhri considera que su despido fue una represalia por haber acusado a la empresa de discriminación al saltarle en una promoción para un puesto más alto, y asegura que todos sus compañeros hacen de Internet el mismo uso. Pero más allá de su caso personal, la sentencia tiene gran trascendencia en el debate acerca de los derechos de empresarios y trabajadores sobre el uso de correos electrónicos.

Algunos jueces han considerado que el empleado no puede esperar privacidad en los mensajes que envía, pero otros consideran una violación de sus derechos civiles el uso de filtros que escanean sistemáticamente su correspondencia informática.

En concreto, el gigante norteamericano de software tuvo un beneficio neto de 2.977 millones de dólares, frente a los 2.563 millones del mismo periodo de 2005.

En cuanto a las ventas, a pesar de que aumentaron un 13% hasta los 10.900 millones de dólares, no se cumplieron las expectativas de los analistas, que esperaban un mayor incremento. Una de las posibilidades es que el anuncio del retraso en la salida al mercado de su nuevo sistema operativo Vista, que sustituirá al popular Windows, haya retrasado las decisiones de compra hasta finales de año, fecha prevista para el inicio de la comercialización.

Se da la circunstancia, además, de que el mismo día de la caída de las acciones terminó en Luxemburgo la vista oral que se ha seguido durante cinco días en el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea por el recurso que presentó contra la multa de 497 millones de euros, impuesta por la Comisión Europea en marzo de 2004 por abuso de posición de dominio.

A lo largo de estos cinco días ambas partes (CE y empresa) han podido argumentar las razones por las que, en un caso, se considera justa la histórica multa además de las medidas correctivas que la acompañan, y en otro las explicaciones de la sinrazón de la decisión de Bruselas. El fallo de esta vista se espera para finales del año.

Bo Vestendorf y John Cooke, dos de los trece jueces que componían el Tribunal, han sido los encargados de dirigir los interrogatorios a las partes y han dejado a la vista sus amplios conocimientos informáticos. La vista que terminó ayer no sólo es histórica por la multa sino porque, desde que se formó este Tribunal en 2003, es la segunda vez que se reúne para un caso en su formato plenario, con los 13 jueces, dada la importancia del caso.